ADIOS IPC, HOLA COMPETITIVIDAD

ADIOS IPC, HOLA COMPETITIVIDAD

Boletín informativo del Consejo General de Graduados Sociales de España nº 153-2013 de 02 de octubre.
                                           Adiós IPC, hola competitividad
      La desindexación de la economía aportará más crecimiento y empleo en etapas positivas y limitará las caídas en etapas negativas.
     El objetivo principal es suprimir la costumbre que impera en la economía española de actualizar los precios anualmente conforme a un IPC que

refleja una cesta de la compra con determinados productos que no guardan relación con muchos bienes que eran gravados con este índice. Por ejemplo, si el precio de los productos cárnicos y el calzado se disparaba eso hacía subir el IPC, y ello propiciaba un incremento del precio, por ejemplo, del transporte. La intención del Gobierno en el proyecto de desindexación de la Economía es que esto se acabe, por considerarlo «poco equitativa e injustificada». Desactivar el efecto de segunda ronda que se genera si al subir el IVA de un producto, el efecto de dicho alza se paga tanto en el producto en sí mismo como en la subida que ésta provoca en el IPC.

     Cuando la nueva ley esté vigente, comenzará a ganar protagonismo el Índice de Garantía de la Competitividad (IGC), que quedará como fórmula referencial y se aplicará en los contratos entre privados que voluntariamente lo decidan y en aquellos que habiendo pactado una cláusula de indexación no hubiesen definido una concreta.
     El objetivo es recuperar la competitividad perdida desde la entrada de España en la Unión Económica y Monetaria. El IGC será publicado mensualmente por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y que servirá para actualizar algunos precios. El objetivo de la reforma no es otro que promover la no indexación, pero éste nuevo índice de competitividad no se aplicará en ningún ámbito del sector público, sino que servirá como referencia voluntaria para el sector privado.
     Esta nueva norma no afectará a pensiones, impuestos, instrumentos financieros ni a la negociación de los salarios públicos, pero sí a transportes, telecomunicaciones, energía, servicios postales, agua, tasas, sanciones y los precios de los contratos públicos.
 (Noticia extraída de ABC)
 
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